Fuck Yeah Milleiro!

Como la justicia era un problema, Ángeles González Sinde ha decidido saltarse las siempre molestas garantías del Estado de Derecho. El Ejecutivo no sólo se ocupa de promover las leyes y de hacerlas cumplir, también será quien castigue a los supuestos infractores. Si esta reforma legal sale adelante, en lugar de que sea un juez quien sentencie si hay que cerrar o no una página web cuando existe una denuncia de piratería, lo hará una comisión nombrada por el propio Ministerio de Cultura. Esa comisión, que según González Sinde estará formada por “expertos” (ja) “independientes” (ja, ja, ja), no sólo decidirá los cierres. También podrá imponer sanciones administrativas, e incluso tendrá potestad para solicitar a los proveedores de acceso a internet que identifiquen al dueño de la página pirata, un dato que de nuevo sólo debería poder solicitar un juez. Será una comisión tres en uno: juez, fiscal y policía. Es lo bueno que tiene cargarse el Estado de Derecho: al menos ahorras.